El senador Pedro Catrian destaca la urgencia de reformar el Código de Trabajo y la Ley de Seguridad Social en República Dominicana, defendiendo la cesantía actual.
Por noticias SIN
El senador por Samaná, Pedro Catrian, afirmó que la reforma al Código de Trabajo y la modificación de la Ley de Seguridad Social figuran entre los principales temas pendientes que deberá abordar el Congreso Nacional durante la nueva legislatura.
Catrín informó que volverá a presidir la Comisión de Hacienda del Senado, posición que también ocupó durante la legislatura anterior, y sostuvo que el Congreso tiene importantes retos por delante. Entre ellos citó, además de las reformas laboral y de seguridad social, la nueva Ley de Juegos de Azar.
Reforma de la Seguridad Social
Sobre la Seguridad Social, el legislador consideró que la reforma no debe seguir posponiéndose debido a las condiciones en las que terminan muchos trabajadores después de décadas de vida laboral.
Catrín señaló que existen personas que después de trabajar durante 30 o 35 años reciben pensiones muy bajas, situación que considera una expresión de desigualdad social.
También planteó revisar la forma en que son utilizados los fondos de pensiones y cuestionó que los servicios de salud sean manejados principalmente desde una lógica de negocio.
Defiende la cesantía sin modificaciones
Catrín recordó que presidió la comisión que estudió y aprobó el proyecto de reforma al Código de Trabajo en el Senado.
Explicó que durante esos trabajos fueron revisadas las actas de la comisión tripartita integrada por empresarios, trabajadores y Gobierno, y aseguró que existía consenso en la mayoría de los puntos.
Sin embargo, señaló que el principal desacuerdo surgió alrededor de la cesantía. Según explicó, sectores empresariales han planteado modificaciones a ese derecho e incluso han propuesto que sea tratado dentro de la Ley de Seguridad Social, situación que, a su juicio, contribuyó a frenar la aprobación del proyecto en la Cámara de Diputados.
El senador fijó una posición clara sobre ese punto: la cesantía debe mantenerse como está actualmente.
Consideró que se trata de un derecho adquirido de los trabajadores y sostuvo que este mecanismo no ha impedido el crecimiento económico experimentado por República Dominicana durante las últimas décadas.
También planteó que mantener ese derecho contribuye a preservar la armonía social en momentos de cambios y tensiones en el escenario internacional.
Catrín respaldó la posición de los trabajadores de que, si no existe consenso para aprobar un nuevo Código de Trabajo, se mantenga la legislación actual y, con ella, la cesantía.
Recordó que ese derecho quedó establecido como una conquista del Código de Trabajo de 1992 y mencionó que juristas, entre ellos Milton Ray Guevara, también han defendido su permanencia.
“Yo estoy totalmente de acuerdo de que se apruebe el Código de Trabajo con la cesantía tal como está”, expresó.
Ley de Juegos de Azar
Otro de los temas en los que Catrín centró gran parte de sus declaraciones fue la nueva Ley de Juegos de Azar, que actualmente es estudiada por la Comisión de Hacienda.
El senador calificó la proliferación de juegos de azar como una situación que se ha extendido de manera excesiva en República Dominicana.
Explicó que, según las cifras que maneja, existen alrededor de 40,000 bancas legales, mientras que no se conoce con precisión la cantidad de establecimientos que funcionan de manera ilegal. Aseguró incluso que en el país habría más bancas ilegales que legales.
Entre las medidas contempladas en la propuesta mencionó la posibilidad de congelar durante 10 años el otorgamiento de nuevas licencias y establecer sanciones administrativas y penales contra quienes operen juegos de azar sin autorización.
Indicó que una persona que opere una banca u otro negocio de juego sin licencia podría enfrentar penas de entre tres y diez años de prisión, de acuerdo con lo contemplado en el proyecto.
Congresistas vinculados a juegos de azar
Catrín también abordó el posible conflicto de interés de legisladores que mantienen negocios relacionados con los juegos de azar.
Explicó que planteó en la Comisión de Hacienda que un congresista vinculado directamente a ese sector no debería participar en la comisión ni votar una legislación que pueda beneficiar sus propios intereses.
Argumentó que nadie debe legislar en beneficio propio y posteriormente precisó que, cuando un legislador tenga incidencia en una actividad empresarial afectada directamente por una determinada legislación, debería abstenerse de intervenir en la decisión.
El senador también recordó que existen incompatibilidades constitucionales para los legisladores y puso como ejemplo su situación personal: dijo que dejó completamente el ejercicio profesional de la abogacía luego de más de 45 años ejerciendo esa profesión.
Asimismo, mencionó las restricciones establecidas en materia de compras y contrataciones públicas, que impiden que legisladores y determinados familiares sean proveedores del Estado.
Dirección General de Juegos de Azar
Catrín explicó que con la nueva legislación se pretende crear una Dirección General de Juegos de Azar, vinculada al Ministerio de Hacienda y con participación de otras instituciones, entre ellas el Ministerio Público e Indotel.
Aseguró que una vez la ley entre en vigencia, los establecimientos que operen sin licencia podrán ser sancionados, lo que, según estimó, provocará una reducción considerable de las bancas ilegales.
También sostuvo que se eliminaría la venta ambulante o informal de loterías mediante un sistema único de información que permitiría controlar la data de las bancas de apuestas.
Catrín consideró que esas prácticas representan una competencia desleal para quienes poseen establecimientos autorizados, realizan inversiones y mantienen empleados.
Sanciones, empleados y menores
El senador aseguró que actualmente existen resoluciones para regular el otorgamiento de licencias, pero entiende que estas son demasiado generales y carecen de sanciones administrativas y penales suficientemente fuertes.
A su juicio, la nueva legislación llenaría ese vacío y también permitiría aumentar las recaudaciones del Estado provenientes de esa actividad.
Otro punto destacado por Catrín fue la situación laboral de los empleados de las bancas.
Explicó que la propuesta obligaría a los negocios de juegos de azar a registrar a sus trabajadores en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), debido a que actualmente muchos de esos empleados carecen de prestaciones laborales.
Asimismo, adelantó que se establecerían sanciones penales contra propietarios o responsables de establecimientos que permitan apostar a menores de edad.
El proyecto también establecería una separación de 500 metros entre establecimientos de juegos de azar y lugares como iglesias, centros educativos y oficinas públicas.
Catrín consideró que esas disposiciones contribuirían a organizar un sector que describió como caótico, fortalecer las recaudaciones fiscales y reducir las operaciones fuera de la legalidad.
También señaló que en República Dominicana existe una fuerte cultura de apuestas y recordó que incluso durante procesos electorales ha conocido personas que apuestan por los resultados de candidaturas.
Suprema Corte y sistema judicial
Catrín también opinó sobre el debate relacionado con el perfil que debería tener la persona que presida la Suprema Corte de Justicia.
Consideró que existe un vacío sobre si debe seleccionarse a un juez de carrera o una persona externa al Poder Judicial y planteó que el Consejo Nacional de la Magistratura debería avanzar hacia reglas más claras al respecto.
Valoró la gestión de Luis Henry Molina, a quien calificó como un modernizador del sistema de justicia dominicano.
Sin embargo, señaló que todavía existen asuntos pendientes, entre ellos la mora judicial y el congestionamiento de las cárceles.
Catrín atribuyó parte de la sobrepoblación penitenciaria al uso excesivo de la prisión preventiva, al señalar que debería constituir una medida excepcional, pero considera que en República Dominicana se ha convertido en una práctica de aplicación general.
Sobre si el próximo presidente de la Suprema debe ser un juez de carrera o alguien externo, manifestó que no fijaría una posición particular y señaló que la decisión corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura, encabezado por el presidente de la República.
