Santo Domingo, R.D. — Este lunes 12 de enero se instaló formalmente la audiencia preliminar contra Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la emblemática discoteca Jet Set Club, tras la tragedia ocurrida el pasado 8 de abril de 2025, cuando el techo del establecimiento colapsó, provocando la muerte de 236 personas y dejando decenas de heridos.
El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, preside la sesión en la que la Fiscalía busca que la acusación por homicidio involuntario y otras imputaciones sea elevada a juicio de fondo. La decisión que adopte el tribunal determinará el rumbo del proceso penal contra los hermanos Espaillat, quienes enfrentan fuertes críticas por su presunta responsabilidad en el colapso estructural del local nocturno.
Familias de las víctimas, agrupaciones sociales y representantes de movimientos ciudadanos han anunciado su asistencia al Palacio de Justicia para exigir justicia y transparencia en el proceso. Organizaciones civiles han manifestado preocupación por la posibilidad de que los acusados queden absueltos tras casi nueve meses desde la tragedia, atribuyendo la demora a fallas en el sistema judicial.
El derrumbe del techo, considerado uno de los desastres más graves de los últimos años en la República Dominicana, ocurrió durante un concierto en el que cientos de personas se encontraban en el lugar. Investigaciones preliminares apuntan a fallas estructurales y sobrecarga de peso como causas principales del colapso.
Aunque los dueños habían sido arrestados meses atrás y posteriormente liberados bajo fianza, el proceso jurídico se ha visto marcado por apelaciones y debates sobre las medidas de coerción. La Fiscalía solicitó prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para su hermana, solicitud que fue rechazada y reemplazada por libertad bajo fianza impuesta por el tribunal.
La audiencia de este lunes representa un hito importante en el avance del caso, con familiares de víctimas y sectores de la sociedad civil atentos a las decisiones judiciales que podrían definir el acceso a un juicio justo y la rendición de cuentas por los hechos que conmocionaron al país.
