por : Bermanis Vallejo
Playas públicas, armas ilegales y amenazas: una alerta para la paz del turista y la seguridad ciudadana.
Hace apenas unos días, el 3 de febrero de 2026, un ciudadano dominicano, José Montesino, fue amenazado de muerte con una escopeta por un agente de seguridad privada del residencial Loma Esperanza, mientras intentaba transitar por un camino histórico que conduce a Playa Anclón, en El Portillo, Las Terrenas.
El hecho, grabado en video y denunciado ante el Ministerio Público de Samaná, no es un caso para quedarse callados. Es una señal alarmante de una práctica que se ha ido normalizando: el cierre ilegal de accesos públicos a las playas mediante obstáculos, vigilancia armada y restricciones impuestas sin respaldo legal.
Las playas dominicanas no son un bien negociable. La Constitución, en su artículo 15, es clara: pertenecen al dominio público y son de libre acceso. Este principio se refuerza en leyes como la 64-00, la 305-68 y demás normativas costeras. Son bienes inalienables, imprescriptibles y no privatizables.
¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON EL ACCESO LIBRE A NUESTRAS PLAYAS?
En Las Terrenas observamos cómo intereses económicos de proyectos inmobiliarios van imponiendo una realidad contraria a la ley. Caminos tradicionales se bloquean con vallas, piedras o controles privados. Accesos históricos se declaran “exclusivos”. Y quienes reclaman su derecho son tratados como intrusos en su propio país.
Playa Anclón no es un caso único. En Punta Bonita y otras zonas cercanas se repiten denuncias similares. Poco a poco, lo público se está convirtiendo en privado sin que nadie lo autorice.
Este problema no existe por falta de leyes, sino por falta de aplicación. Las autoridades locales y nacionales tienen la obligación legal de prevenir, fiscalizar y sancionar estas prácticas. Permitir cercas, guardias armados o restricciones en zonas de dominio público es incumplir la Constitución.
Detrás de todo esto se esconde el discurso del “desarrollo”. Se nos dice que los proyectos traen progreso. Pero ¿qué desarrollo expulsa a la gente de sus playas? ¿Qué progreso necesita armas y amenazas para sostenerse? No puede llamarse avance a un modelo que convierte las playas en un privilegio.
Como ciudadana, veo con preocupación cómo el interés privado desplaza al interés colectivo. Cada amenaza, cada barrera, cada abuso debilita la idea de que las playas son patrimonio común. Y cada día de silencio institucional refuerza esa injusticia.
Es fundamental recordar que los empleados privados que actúan fuera de la ley responden personalmente ante la justicia. No los protege ninguna empresa cuando violan derechos fundamentales o portan armas ilegalmente. La responsabilidad es individual.
El Ministerio Público debe investigar con celeridad. Medio Ambiente y Turismo deben inspeccionar de inmediato los accesos afectados. El Ayuntamiento de Las Terrenas debe actuar con firmeza. No mañana. Ahora.
Este no es solo un problema local. Es un precedente nacional. Si se tolera aquí, se repetirá en todo el país.
Las playas no se venden, no se privatizan. La ley no se negocia.
Defender nuestros accesos es defender nuestra dignidad como pueblo. Y es momento de hacerlo con respeto, firmeza y sin miedo.
PORQUE LAS PLAYAS SON DE TODOS.
