Por Luis Alberto Fernández
El 8 de abril de 2025, la tragedia golpeó con fuerza el corazón de Santo Domingo. El colapso del techo de la emblemática discoteca Jet Set provocó la muerte de más de 230 personas y dejó a cientos de heridos. Más allá del dolor y el luto nacional, este evento destapó una realidad incómoda y peligrosa: las profundas debilidades del Estado dominicano en materia de regulación, supervisión y control de infraestructuras, tanto públicas como privadas con fines comerciales.
Una tragedia que pudo evitarse
La discoteca Jet Set no era un espacio desconocido. Su historia estaba marcada por un incendio ocurrido en julio de 2023, el cual debió haber encendido las alarmas de las autoridades. Sin embargo, no hay registro público de inspecciones estructurales posteriores ni de sanciones, advertencias o intervenciones por parte del Ministerio de Obras Públicas, el Cuerpo de Bomberos o el Ministerio de Interior y Policía.
El hecho de que un establecimiento de gran concurrencia, con antecedentes de fallas, colapsara sin una intervención oportuna del Estado es una muestra clara de negligencia institucional y ausencia de protocolos eficaces de prevención.
El vacío legal que admitió el propio presidente
El presidente de la República, Luis Abinader, admitió públicamente que existe un vacío legal en la regulación de este tipo de establecimientos, y anunció que presentará un proyecto de ley para corregir esta omisión. Si bien la reacción es oportuna, resulta alarmante que el país haya tenido que enfrentar una tragedia de esta magnitud para reconocer la necesidad de actualizar su marco jurídico.
Pero el problema no se limita a centros nocturnos. La realidad es que la República Dominicana arrastra un sistema deficiente en cuanto a regulación y supervisión de todo tipo de infraestructura construida para el uso público o comercial.
Leyes desfasadas, reglamentos ignorados
El principal marco legal que regula las construcciones en el país es la Ley 675 de 1944 sobre Urbanización, Ornato Público y Construcciones. Sí, una ley con más de 80 años de antigüedad que no contempla los desafíos actuales de la ingeniería moderna, los avances tecnológicos, ni el crecimiento urbano acelerado que ha experimentado el país.
Aunque existen reglamentos técnicos más recientes emitidos por el Ministerio de Obras Públicas, como el R-001 sobre diseño sísmico y el R-004 sobre supervisión de obras, su aplicación es débil y carece de mecanismos de fiscalización transparentes y eficientes. El resultado: edificaciones que operan fuera de norma, permisos otorgados sin inspección y obras levantadas bajo condiciones precarias.
Corrupción y burocracia: los pilares de la ineficiencia
A este panorama se suma un mal estructural que atraviesa muchas instituciones públicas: la corrupción. Constructores y empresarios han denunciado que obtener permisos de construcción puede tardar entre 5 meses y un año, a menos que se acceda a pagos “extraoficiales” que facilitan los trámites. Este entorno de sobornos y favoritismos mina la autoridad técnica y pone en peligro la vida de miles de dominicanos que trabajan o disfrutan en espacios comerciales inseguros.
Lo que se ha permitido por acción u omisión es grave: negocios que operan sin cumplir con estándares básicos de seguridad, construcciones sin inspecciones finales, y autoridades que se hacen de la vista gorda ante irregularidades evidentes.
Un llamado a la reforma estructural
La catástrofe de Jet Set no debe verse como un hecho aislado, sino como el punto de inflexión que expone una cadena de omisiones sistemáticas. Es urgente que el Congreso Nacional asuma con responsabilidad la tarea de modernizar el andamiaje legal en materia de construcción, licencias y supervisión de edificaciones. Esto implica no solo crear nuevas leyes, sino también garantizar su cumplimiento, eliminar los márgenes de discrecionalidad corrupta y establecer sistemas de fiscalización independientes y transparentes.
También es vital que se establezca un régimen de consecuencias para las instituciones que, por negligencia o complicidad, permiten que edificaciones funcionen en condiciones de riesgo.
Conclusión
La tragedia de Jet Set fue una catástrofe evitable. Lo que la hizo posible no fue un simple accidente estructural, sino la suma de décadas de desinterés político, leyes obsoletas, burocracia excesiva y corrupción institucional. Si la muerte de más de 230 personas no es suficiente para encender las alarmas del cambio, entonces el Estado dominicano habrá fracasado una vez más en su deber fundamental: proteger la vida de su gente.
